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Por: S. Landa
A casi cuatro años de la consulta ciudadana que rechazó la permanencia de Aguakan en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la realidad es una sola: la empresa sigue operando, cobrando y decidiendo, mientras el Estado no ha logrado —o no ha querido— ejecutar la voluntad popular.
El conflicto dejó de ser técnico y se convirtió en un asunto de poder. Amparos, suspensiones judiciales y una cadena de responsabilidades diluidas han mantenido el tema en pausa, con un costo directo para los ciudadanos y un mensaje preocupante para la gobernanza local: cuando una concesión se atrinchera en tribunales, el interés público queda en segundo plano.
En el norte de Quintana Roo, el malestar social crece por recibos elevados, servicio intermitente y deficiencias estructurales que impactan la calidad de vida y, de paso, la competitividad urbana. No es un tema menor en una región que depende de la imagen, la inversión y la estabilidad de sus servicios básicos.
El precedente de otros casos donde hubo intervención federal demuestra que las concesiones no son intocables cuando existe decisión política. La pregunta ya no es jurídica, sino estratégica: hasta dónde están dispuestas las autoridades a asumir el costo de resolver un conflicto que afecta a miles de usuarios y que, mientras se prolonga, erosiona la confianza institucional.
En Quintana Roo, el agua sigue fluyendo cara. Lo que sigue pendiente es la decisión. ¿Será?
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