Por: S. Landa El anuncio del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) sobre la implementación de radares de velocidad y fotomul...
Por: S. Landa
El anuncio del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) sobre la implementación de radares de velocidad y fotomultas en varios municipios del estado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre movilidad y control vial. La estrategia contempla instalar equipos tecnológicos capaces de detectar vehículos que excedan los límites de velocidad y generar automáticamente una infracción que será enviada al propietario del automóvil.
De acuerdo con el director del organismo, Rafael Hernández Kotasek, el objetivo principal no es recaudatorio, sino preventivo: reducir accidentes en avenidas consideradas de alto riesgo, donde el exceso de velocidad es uno de los factores más comunes en choques y fatalidades.
El sistema comenzaría en ciudades con mayor flujo vehicular, como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, con la intención de sustituir gradualmente la vigilancia tradicional por tecnología que permita monitoreo permanente en las vialidades urbanas.
Sin embargo, la medida llega acompañada de un inevitable debate público. En otros estados del país, las fotomultas han sido criticadas por ciudadanos que las consideran mecanismos recaudatorios más que herramientas de seguridad vial. Incluso dentro de los gobiernos locales ha existido discusión sobre su impacto político y social.
En Quintana Roo, el desafío será encontrar el equilibrio entre seguridad vial, transparencia y aceptación ciudadana. Porque si bien la tecnología puede ayudar a ordenar el tránsito, el éxito de cualquier sistema dependerá de algo más básico: la confianza de la gente en que las reglas se aplican con justicia y no como un nuevo instrumento de cobro.
El radar detectará la velocidad.
Pero el verdadero termómetro será la reacción social. ¿Será?
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