CÓDIGO BE!: El CISEN quintanarroense y el vandalismo en MOBI

En verdad sorprende la rapidez con la que el caso del joven que vandalizó una unidad del transporte MOBI en Cancún pasó de las cámaras de v...

En verdad sorprende la rapidez con la que el caso del joven que vandalizó una unidad del transporte MOBI en Cancún pasó de las cámaras de videovigilancia a convertirse en un asunto de exposición pública. En cuestión de horas, en redes sociales ya circulaban su fotografía, referencias a su perfil personal y hasta información sobre el lugar donde presuntamente trabaja.

El llamado CISEN quintanarroense pareció tener una capacidad de identificación extraordinaria. La pregunta es por qué esa misma celeridad no siempre se observa frente a otros asuntos de mayor gravedad en el Estado. 

Que quede claro: vandalizar una unidad de transporte público es una conducta que debe tener consecuencias. El patrimonio que se daña es de todos y corresponde a las autoridades investigar y aplicar las sanciones que procedan. Pero una cosa es identificar a un presunto responsable para que responda ante la autoridad y otra muy distinta es convertirlo en objeto de exhibición pública.

Aquí hay preguntas que merecen respuesta: ¿quién difundió las imágenes?, ¿quién autorizó compartir información personal?, ¿las autoridades participaron en la difusión de datos sobre su identidad y empleo?, ¿se evaluaron las posibles consecuencias para sus derechos?, ¿Quién más tiene acceso a las cámaras de MOBI?

No se trata de defender el vandalismo ni de cuestionar que se investigue. Se trata de exigir que las instituciones actúen con criterios claros y respeten los límites que también deben observar cuando alguien es señalado por una conducta indebida.

Porque si la exposición pública se convierte en una herramienta discrecional, la pregunta deja de ser únicamente quién dañó una banca de MOBI y pasa a ser quién decide a quién exhibir, por qué y con qué autoridad.

La transparencia debe alcanzar también a quienes tienen el poder de señalar.